Desde pagos de ransomware exigidos en criptomonedas hasta actores estatales que utilizan activos digitales para eludir sanciones y otras restricciones, el Departamento de Justicia (DOJ) está alertando de que el cripto se está expandiendo en cada área que la agencia está explorando.
«Estamos viendo que la criptomoneda y los activos digitales afectan realmente a todos los aspectos de la actividad delictiva que investigamos», declaró Eun Young Choi, director del Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomoneda (NCET) del Departamento de Justicia, en una reciente conferencia organizada por el Financial Times.
Con representantes del Departamento de Justicia de EE.UU., la Policía Nacional del Reino Unido y el sector privado, el panel titulado «¿Pueden las fuerzas del orden proteger a los consumidores de los estafadores de criptomonedas?» tenía como objetivo abordar los problemas actuales que afectan al sector.
(De izq. a dcha.) Stefania Palma, Eun Young Choi, Aidan Larkin y Phil McInerney intervienen en la Cumbre de Criptomonedas y Activos Digitales del FT.
Reconociendo que el Departamento de Justicia cuenta desde hace muchos años con un equipo que investiga la ciberdelincuencia, Choi afirmó que la agencia ha observado un enorme aumento de los delitos relacionados con las criptomonedas en los últimos años.
Para calibrar la perspectiva desde el otro lado del Atlántico, Phil McInerney, Detective Inspector Jefe del Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) del Reino Unido, dijo al grupo que «el ransomware es una amenaza clave para el Reino Unido».
Ambos funcionarios gubernamentales encargados de hacer cumplir la ley afirmaron que los delitos relacionados con las criptomonedas requerían un enfoque y una mentalidad diferentes.
«Hay algunos retos», declaró Choi. Y añadió: «Por su propia naturaleza, la tecnología está construida para no depender de intermediarios, transacciones transfronterizas que son inmutables e irreversibles. Las fuerzas de seguridad pueden congelar las transacciones convencionales, pero no pueden hacer lo mismo con las transacciones de activos digitales».
Según el DOJ, la agencia estudió el problema que plantean los intercambios, y ciertas plataformas como tumblers o mixers, que ofuscan al emisor y al receptor de una transacción. Choi dijo que el departamento cree que los mayores riesgos proceden de quienes no invierten en una gestión de riesgos o un cumplimiento adecuados.
McInerney, del Reino Unido, cree que la cooperación público-privada será fundamental para reducir la delincuencia relacionada con las criptomonedas.
Aidan Larkin, fundador y CEO de Asset Reality, también participó en el panel. Su empresa se centra en proporcionar a las fuerzas de seguridad las herramientas necesarias para recuperar adecuadamente los activos robados. Dijo que es optimista sobre el presente y el futuro de las asociaciones público-privadas, incluso si la naturaleza sin fronteras de los criptoactivos hace que las investigaciones criminales sean mucho más difíciles.
Un problema común con el que se encontraron los tres panelistas es el nivel de denuncia, o la falta de ella, realizada por las víctimas. Instaron al público a informar a las autoridades sobre cualquier tipo de actividad delictiva, independientemente de la magnitud de los daños.
Para cerrar el panel, Choi, del Departamento de Justicia, dijo al panel que también estaban interesados en investigar el aumento del uso de plataformas descentralizadas, dado que permiten eludir a las autoridades.
Choi terminó afirmando: «Creo que habrá un crecimiento de la actividad delictiva en ese ámbito».
