Desde principios de julio, el proyecto de tokenización inmobiliaria RealT se enfrenta a un procedimiento judicial iniciado por la ciudad de Detroit. Un juicio presentado como infundado y precipitado, ante el cual sus abogados se están organizando.
Juicio RealT: la ciudad de Detroit ha actuado de forma precipitada
El sector de las criptomonedas innova constantemente en muchos ámbitos, como por ejemplo haciendo accesible la propiedad inmobiliaria mediante la tokenización. Un ámbito en el que el proyecto RealT se ha impuesto rápidamente, hasta convertirse en uno de sus líderes actuales.
Pero aparecer como un actor central no siempre es una posición cómoda, ante unas exigencias normativas a veces restrictivas. Basta con ver cómo la ciudad de Detroit acaba de decidir atacar frontalmente la actividad de RealT en su territorio.
Un asunto cuya última etapa, el 22 de julio, se refería a la emisión de una orden restrictiva con consecuencias problemáticas. En efecto, como recuerda RealT en su último comunicado oficial, esto implica la prohibición de «cobrar alquileres por propiedades situadas en Detroit, mientras no se obtengan los certificados de conformidad», pero también la imposibilidad de desalojar a los inquilinos que no paguen el alquiler.
Según los abogados de RealT, esta orden de 90 días parece tanto infundada como excesivamente larga. En circunstancias normales, este tipo de procedimiento legal tiene una duración máxima de 14 días y la empresa afectada debe ser informada con antelación. Al parecer, esto no ha sido así en este caso.
Según las normas del tribunal, estas órdenes de emergencia solo deben durar un máximo de 14 días, pero han conseguido 90. Además, afecta a todas nuestras propiedades situadas en Detroit, incluso a las que no se mencionan en la demanda, e impide el cobro de los alquileres incluso de las propiedades que ya cumplen la normativa.
RealT
Presentación de una solicitud para anular la orden restrictiva
Según los abogados de RealT, el procedimiento iniciado por la ciudad de Detroit presenta numerosas incoherencias. En particular, un número importante de infracciones mencionadas que afectan a los propietarios anteriores a la adquisición de estas propiedades por el proyecto de tokenización inmobiliaria.
La ley de Detroit exige que se presenten enlaces (avisos de cargos) sobre los bienes con infracciones pendientes antes de emprender cualquier acción judicial. No lo han hecho. Si lo hubieran hecho, se nos habría notificado en el momento de la compra de las propiedades. ¡Ahora intentan hacernos responsables de infracciones que se remontan a más de 20 años!
RealT
Por ello, los abogados de RealT han presentado una solicitud oficial ante el tribunal para anular esta orden. Está prevista una audiencia a principios de esta semana para que el juez pueda dictar sentencia. Mientras tanto, se están llevando a cabo las obras necesarias para que las propiedades cumplan con la normativa.
