Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, la vigilancia fiscal relacionada con las criptomonedas adolece de algunas deficiencias en el territorio francés. En el programa: declaración de carteras autohospedadas y vigilancia específica en las redes sociales. Un riesgo evidente para la seguridad ante la multiplicación de los secuestros de actores del sector de las criptomonedas.
El Tribunal de Cuentas señala los retos fiscales relacionados con las criptomonedas
El Tribunal de Cuentas es la principal institución francesa encargada del control del dinero público. En este contexto, acaba de publicar un informe con fecha de diciembre sobre las correcciones que deben introducirse en las «distorsiones de la imposición del patrimonio».
Un documento de más de 200 páginas en el que figura un capítulo que aborda el delicado tema de las criptomonedas y, más concretamente, «el reto de la detección de activos digitales no declarados». En particular, en el contexto de los beneficios obtenidos «en forma de plusvalías, remuneraciones y donaciones».
Plusvalías que afectan en gran medida a los treintañeros, con más de 4000 hogares fiscales referenciados en este informe. ¿Cuál es el problema? Una diferencia presentada como «significativa» entre las estimaciones de Chainalysis sobre las plusvalías de los titulares de criptomonedas franceses en 2021, estimadas en 3500 millones de euros, y las cifras de la DGFiP, que mencionan una declaración global de 400 millones de euros que implica a 20 000 contribuyentes en el mismo periodo.
A raíz de esta constatación, se han reforzado progresivamente las obligaciones declarativas de los titulares de criptomonedas y de los proveedores de servicios criptográficos (PSAN). Sin embargo, según algunos puntos de este informe destacados por Henri Gauthier en la red X, aún quedan algunas lagunas por colmar.
Algunas pistas para mejorar el control de sus titulares
El primer punto destacado en este informe se refiere a la entrada en vigor de la directiva «DAC 8», prevista para 2026. Se trata de un texto que obliga a los PSAN europeos a declarar determinada información relativa a las transacciones realizadas a través de ellos a las autoridades fiscales del Estado miembro del que dependen.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas indica que este requisito «no se aplicará a los PSAN alojados en Francia». Por lo tanto, según él, sería necesario remediar esta situación alineando las obligaciones de los PSAN franceses en este ámbito con las de sus homólogos europeos.
El informe también señala lo que denomina «puntos ciegos» normativos, en particular debido a la falta total de respuesta a las solicitudes de la administración fiscal por parte de algunos PSAN extraeuropeos alojados en Singapur o Hong Kong.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas señala muy claramente la falta de medios de que disponen los servicios fiscales franceses para llevar a cabo estos controles, que están en manos de «unos pocos expertos». Y con razón, ya que «los activos digitales aún no constituyen un eje propiamente dicho del control fiscal».
En el programa: declaración de carteras autoalojadas y vigilancia en las redes sociales
La principal recomendación que se hace en este informe implica la implantación de una «obligación de notificar a la administración fiscal la tenencia de carteras de criptoactivos autoalojadas a partir de un umbral definido en valor».
Un procedimiento que, según Henri Gauthier, podría implicar la mención de las direcciones en cuestión en la declaración Cerfa.
Por último, el Tribunal de Cuentas indica que la dirección de investigaciones fiscales estaría llevando a cabo «una experiencia que le permitiría utilizar datos no públicos procedentes de las redes sociales para detectar transacciones de activos digitales que no se hayan declarado».
Una mayor vigilancia que plantea numerosos problemas, especialmente en términos de seguridad para los poseedores de criptomonedas, que actualmente se ven expuestos a una multiplicación de los secuestros con petición de rescate. De hecho, sus datos personales podrían caer en malas manos, ya sea por un hackeo o por la complicidad de algunos miembros de la administración, como ha ocurrido recientemente.
