Google Play Store intentó brevemente imponer estrictos requisitos normativos a las carteras criptográficas, incluidas las no custodias.
La medida, anunciada el 13 de agosto de 2025, abarcaba 15 jurisdicciones y amenazaba con excluir numerosas aplicaciones, antes de que la empresa diera marcha atrás bajo la presión de la comunidad y las críticas.
Ayer, 13 de agosto de 2025, Google Play Store anunció una nueva política que obligaba a los desarrolladores de carteras de criptomonedas a obtener una licencia reglamentaria para publicar sus aplicaciones.
Esta modificación iba a afectar a 15 jurisdicciones, entre ellas Estados Unidos y la Unión Europea, y no distinguía entre carteras con custodia y sin custodia.
En Estados Unidos, Google exigía el registro en la FinCEN como Money Service Business o una condición bancaria. Estas obligaciones implican la implantación de estrictos procedimientos contra el blanqueo de capitales (AML), contra la financiación del terrorismo (CTF) y de verificación de la identidad (KYC), obligaciones que normalmente no se aplican a las carteras no custodias.
En la Unión Europea, la política exigía la obtención de una licencia MiCA como proveedor de servicios de activos digitales. Sin embargo, este estatus está reservado a las entidades que gestionan o conservan activos para sus clientes.
Bitcoin y las criptomonedas sobreviven al ataque, por ahora
Esta actualización de los requisitos impuestos por Google Play parecía alinearse con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que busca ampliar las normas a las aplicaciones no custodias tan pronto como se identifique un control, aunque sea parcial, sobre los fondos o la interfaz de usuario.
Bajo la presión de las críticas, Google finalmente dio marcha atrás y aclaró que su política no se aplicaba a los monederos no custodios, poniendo fin al temor inmediato de que estas soluciones fueran excluidas.
terrible https://t.co/n5wmZNFjGz
— jack (@jack) August 13, 2025
Este suceso se produce solo una semana después de que Roman Storm, desarrollador de Tornado Cash, un mezclador destinado a ofrecer privacidad a los usuarios de criptomonedas, fuera declarado culpable de explotación no autorizada de un servicio de transferencia de dinero, a pesar de que su aplicación era un servicio de autocustodia.
Aunque varios estados estadounidenses reconocen ahora la autocustodia como un derecho, no hay garantía de que Europa y otros países adopten la misma postura. Incapaces de atacar directamente a Bitcoin, sus detractores podrían centrarse en las aplicaciones y servicios que facilitan su uso autónomo, así como en sus desarrolladores.
Esta estrategia, más accesible para los Estados desde el punto de vista jurídico, podría convertirse en uno de los principales frentes de la batalla regulatoria en torno al Bitcoin en los próximos años.
