El viernes, los diputados del MoDem, del PS y del RN aprobaron una enmienda para establecer un impuesto sobre el patrimonio improductivo. ¿Qué abarca este texto, que ya suscita numerosas dudas sobre su pertinencia económica?
¿En qué consiste este nuevo impuesto sobre el patrimonio improductivo?
El viernes se aprobó una enmienda sobre el «patrimonio improductivo» en el marco del Proyecto de Ley de Presupuestos (PLF) de 2026. Presentado por el MoDem, el texto también recibió el apoyo de los diputados del Rassemblement National (RN) y del Partido Socialista (PS).
Con el objetivo de transformar el impuesto sobre el patrimonio inmobiliario (IFI), esta novedad, calificada de «brecha política» por el empresario Eric Larchevêque, da mucho que pensar. De hecho, dicha enmienda grava con un 1 % anual toda parte del patrimonio calificada como improductiva sobre «la fracción del valor neto imponible» superior a 2 millones de euros.
En este caso, la clave radica, por tanto, en definir qué se considera «improductivo». Así, esto abarca los siguientes activos:
- Los activos digitales, sin excepción alguna;
- Los bienes muebles corporales (objetos de valor, oro, coches, yates, obras de arte, etc.);
- Los fondos de seguros de vida «no destinados a la inversión productiva», lo que incluye los fondos de renta fija.
En el sector inmobiliario, algunos inmuebles están exentos de dicho impuesto si cumplen varias condiciones, entre otras, que estén alquilados a terceros sin vínculo familiar mediante un contrato de arrendamiento de una duración mínima de 12 meses.
Con el pretexto de fomentar la inversión productiva (como el mercado de valores), la enmienda se jacta, por tanto, de modificar el IFI, que «hoy en día resulta incoherente desde el punto de vista económico»:
Con el fin de fomentar la inversión productiva, la presente enmienda propone reformar el IFI para que se acerque a un impuesto sobre el patrimonio improductivo, excluyendo de su base imponible los activos inmobiliarios productivos —considerándose como tales los inmuebles alquilados por más de un año que cumplan criterios, en particular, medioambientales—, al tiempo que se mantienen o se incluyen en ella los activos improductivos: bienes inmuebles no productivos, bienes muebles corporales (objetos de valor, coches, yates, aviones, mobiliario, etc.), activos digitales y seguros de vida por los fondos no destinados a la inversión productiva.
Aunque el texto ya se ha incorporado a la versión actual del proyecto de ley de presupuestos para 2026, dicho proyecto aún debe pasar por el proceso legislativo, por lo que, a día de hoy, todavía no es del todo seguro que este nuevo impuesto se haga realidad.
No obstante, esta posibilidad ya suscita interrogantes debido a los precedentes que genera. En lo que respecta a las criptomonedas, por ejemplo, esto implicaría declarar también las direcciones de los monederos autohospedados ante la administración tributaria, lo que plantea serias dudas sobre la privacidad ante el riesgo de fuga de datos, entre otras cosas.
Además, los fondos monetarios contienen una parte importante de la deuda francesa. Por lo tanto, la medida puede considerarse un impuesto por tener «el privilegio» de poseer deuda del tercer país más endeudado de la Unión Europea; pero, al incitar a los franceses a deshacerse de sus obligaciones, lo que aumentará sobre todo la proporción de esa misma deuda en manos de potencias extranjeras.
