En enero de 2026, se filtraron los datos de más de 90 millones de cuentas en Francia. Esta oleada sin precedentes pone de manifiesto la fragilidad de las normativas impuestas a las empresas y administraciones, así como las consecuencias de la centralización de los datos personales.
Las fugas de datos alcanzan un nuevo récord en Francia
En los últimos meses, se han multiplicado en las redes sociales los anuncios y publicaciones sobre nuevas fugas de datos que afectan a miles, o incluso a millones, de franceses.
Aunque resulta difícil establecer una comparación precisa con las filtraciones de años anteriores, ya que estas no siempre se hacen públicas, parece claro que las filtraciones de datos personales afectan hoy en día a millones de franceses.
Los datos recopilados por la web de seguimiento BonjourLaFuite permiten cuantificar la magnitud de estas filtraciones. Según esta web, entre el 1 y el 31 de enero de 2026, más de 90 millones de cuentas sufrieron filtraciones de datos a raíz de diversos incidentes de seguridad.
Extracto de la web BonjourLaFuite
Estas filtraciones pueden deberse a una seguridad insuficiente en las bases de datos de las empresas u organizaciones, lo que permite a los hackers acceder a ellas de forma remota. Pero la amenaza también puede provenir del interior: varios casos revelan que algunos empleados malintencionados venden los datos o los perfiles de personas concretas a redes criminales.
Algunos ejemplos recientes ilustran la gravedad de la situación: en enero, la cadena de restaurantes O’Tacos sufrió una filtración que afectó a 29 millones de perfiles de clientes; Panorama Banques, a 2,3 millones; la Federación Francesa de Voleibol, a unos 1,2 millones; y la URSSAF, a cerca de 12 millones.
Estas filtraciones han dejado al descubierto datos como nombres, apellidos, direcciones de correo electrónico y, en ocasiones, incluso direcciones postales, números de teléfono, fotos de carné, direcciones IP, etc.
Unas cifras vertiginosas que, por sí solas, se acercan al total de filtraciones registradas a lo largo de todo el año 2025, estimado en unos 100 millones de cuentas.
De hecho, France Travail ha recibido recientemente una multa de 5 millones de euros impuesta por la CNIL, a raíz de una filtración de datos ocurrida en 2024 que dejó al descubierto la información personal de 36,8 millones de personas. Una situación, como mínimo, absurda, en la que un organismo público es sancionado por otro, y todo ello financiado con el dinero de los contribuyentes.
¿Cómo ponen en peligro nuestras vidas estas fugas de datos?
El aumento de las fugas de datos pone de manifiesto las limitaciones de los mecanismos actuales de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (LCB-FT), especialmente a través de las obligaciones de verificación de identidad (KYC).
Al obligar a las plataformas de intercambio y a los servicios en línea a almacenar datos sensibles (identidades, direcciones, saldos, etc.), los reguladores han creado, de hecho, objetivos para los delincuentes. Cuando estas bases de datos se ven comprometidas, algo que ocurre cada vez con más frecuencia, las consecuencias van mucho más allá de la simple suplantación de identidad.
Desde principios de 2025, se observa un aumento alarmante de los «cripto-secuestros»: personas identificadas por su patrimonio digital son secuestradas y/o agredidas con el objetivo de extorsionarlas para obtener sus criptomonedas. Los delincuentes llegan incluso a atacar en ocasiones a miembros de la familia.
Evidentemente, cuando las filtraciones de datos afectan a los representantes electos, la reacción es inmediata. Yaël Braun-Pivet, presidenta de la Asamblea Nacional, presentó una denuncia ante la Fiscalía de la República tan pronto como se publicaron datos personales relativos a diputados y funcionarios de la Asamblea. Una rapidez que contrasta con la inacción habitual cuando son millones de franceses los que ven sus datos expuestos cada mes.
La difusión de datos personales relativos a diputados y funcionarios de la Asamblea Nacional es un hecho de extrema gravedad.
He recurrido inmediatamente a la Fiscalía de la República y he presentado una denuncia ante Pharos para que se investiguen estos hechos y para que… pic.twitter.com/d2NBuvYs7i
— Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) 3 de febrero de 2026
Lo más absurdo es que estas medidas de identificación KYC resultan ineficaces frente al fraude, que a menudo se lleva a cabo a través de cuentas robadas o de testaferros. Además, el coste económico y humano que asumen las plataformas reguladas supera con creces los fondos fraudulentos recuperados por las autoridades.
En este contexto ya de por sí preocupante, Francia acaba de aprobar una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años. Presentada como una medida de protección de la infancia, en realidad impone una recopilación sistemática de las identidades de todos los usuarios, lo que aumenta aún más la superficie de ataque en caso de fuga de datos.
En lugar de proteger a los ciudadanos, estas políticas exponen aún más datos sensibles, creando bombas de relojería digitales, también llamadas «honey pots», a las que los atacantes no tendrán ninguna dificultad en dirigirse.
