La implantación de marcos normativos implica a veces una difuminación de las fronteras entre la protección de los inversores y la vigilancia generalizada. Una situación que afecta más concretamente al Reglamento AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), aplicable en la Unión Europea a partir de julio de 2027. Un dispositivo ambicioso que requiere algunas aclaraciones para poder estimar su alcance efectivo sin caer en el alarmismo paranoico.
AMLR: ¿un marco regulatorio problemático?
Algunos aún se preguntan para qué pueden servir las criptomonedas. Quizás para mantener cierta independencia frente a la vigilancia que se aplica a los flujos financieros, en una época en la que el efectivo está desapareciendo progresivamente, aunque parece importante señalar que Suecia —pionera en este ámbito desde hace años— finalmente ha dado marcha atrás en este tema.
Una situación que se ve acentuada por la implantación de las monedas digitales de los bancos centrales (MNBC, o CBDC en inglés) y el riesgo de control asociado a ellas. Se trata de un desarrollo en curso por parte de la Unión Europea, cuya puesta en marcha está prevista para 2029, con una voluntad conjunta de controlar estrictamente las stablecoins.
En este contexto, el investigador independiente Shanaka Anslem Perera acaba de dar la voz de alarma ante un texto que «trata a cada ciudadano como un delincuente». En cuestión están operaciones como la compra de un coche en efectivo o el envío de más de 1 000 euros en bitcoins, que pronto podrían considerarse sospechosas.
EL EFECTIVO MUERE EN 847 DÍAS
Europa acaba de legislar el fin de la libertad financiera y nadie se ha dado cuenta.
Enero de 2027: Cada euro por encima de los 10 000 € deja de ser de curso legal. Cada Bitcoin necesita permiso del Gobierno. Cada transacción se convierte en un dato dentro de la red de vigilancia de Bruselas.
Esto… pic.twitter.com/bZYDH0SG8d
— Shanaka Anslem Perera ⚡ (@shanaka86) 10 de noviembre de 2025
Una ocasión para que Shanaka Anslem Perera recuerde que la lucha legítima contra el blanqueo de capitales —estimado en 500 000 millones de dólares al año— conlleva un efecto perverso en forma de una posible vigilancia masiva de la población de la Unión Europea.
Pagos en efectivo: sin cambios para los franceses
En la práctica, esta normativa implica una medida muy controvertida destinada a limitar los pagos en efectivo a un máximo de 10 000 euros.
Una situación que no afecta realmente a Francia, ya que ya existen restricciones en este ámbito entre particulares y profesionales, con un importe máximo fijado en 1 000 euros. En cuanto a los pagos en efectivo realizados directamente entre particulares, este límite asciende a 15 000 euros.
El objetivo del AMLR reside, por tanto, en la voluntad de armonización entre los Estados miembros de la Unión Europea, ya que el efectivo sigue siendo muy apreciado en países como Alemania o Austria, directamente afectados por esta nueva limitación.
Criptomonedas: ¿una vigilancia más específica que generalizada?
En lo que respecta a las transferencias de criptomonedas, el objetivo de este texto —que se inscribe en la continuidad del Reglamento TFR (Transfer of Funds Regulation)— no implica una vigilancia generalizada de las transacciones en cadena, tal y como se ha sugerido en las redes sociales.
De hecho, el rastreo anunciado se aplicará «únicamente» en el marco de transacciones superiores a 1000 euros procedentes de un monedero de autocustodia (self-custody) que impliquen una interacción con un proveedor de servicios regulado (PSAN), como por ejemplo las plataformas de intercambio de criptomonedas Binance, Kraken o Coinbase.
En el caso de una transferencia entre particulares (directamente de monedero a monedero), este control no se aplica.
No obstante, hay que tener muy en cuenta que toda operación realizada a través de un servicio regulado implica la identificación de ambas partes y el registro de la información de la transacción.
Riesgos colaterales de fuga de datos de criptomonedas
Paralelamente, otro dato se perfila como potencialmente arriesgado, con la entrada en vigor de la Directiva europea DAC8, que implica una mayor consideración de las criptomonedas en el ámbito de las obligaciones fiscales con el fin de optimizar la lucha contra el fraude y la evasión fiscales.
Esta voluntad de transparencia expone la información recopilada sobre los activos digitales de los contribuyentes a riesgos importantes, debido a su centralización. De hecho, esto podría permitir identificar objetivos preferentes para los ciberdelincuentes o las redes organizadas.
Basta con ver cómo una agente de Hacienda acaba de ser sospechosa de haber transmitido datos fiscales confidenciales a grupos criminales para comprender el posible alcance de esta brecha de seguridad, especialmente en un contexto de secuestros y retenciones de actores del sector de las criptomonedas con el fin de reclamar rescates.
Una agente de Hacienda sospechosa de informar al crimen organizado
En un ecosistema en el que el principio de autocustodia se basa en la responsabilidad individual, la protección de los datos personales se vuelve ahora tan crucial como la de las claves privadas.
