Según un informe reciente del Tribunal de Cuentas, la vigilancia fiscal relacionada con las criptomonedas adolecería de algunas deficiencias en el territorio francés. En el programa: declaración de carteras autohospedadas y vigilancia específica en las redes sociales. Un riesgo de seguridad evidente ante la multiplicación de los secuestros de actores del sector de las criptomonedas.
El Tribunal de Cuentas señala los retos fiscales relacionados con las criptomonedas
El Tribunal de Cuentas es la principal institución francesa encargada del control del dinero público. En este contexto, acaba de publicar un informe con fecha de diciembre sobre las correcciones que deben introducirse en las «distorsiones de la tributación del patrimonio».
Un documento de más de 200 páginas en el que figura un capítulo que aborda el delicado tema de las criptomonedas y, más concretamente, «el reto de la detección de activos digitales no declarados». En particular, en el marco de los beneficios obtenidos «en forma de plusvalías, remuneraciones y donaciones».
Plusvalías que afectan en gran medida a personas de entre treinta y cuarenta años, con más de 4 000 unidades familiares fiscales referenciadas en este informe. ¿Cuál es el problema? Una diferencia calificada de «significativa» entre las estimaciones de Chainalysis sobre las plusvalías de los titulares de criptomonedas franceses en 2021, estimadas en 3500 millones de euros, y las cifras de la DGFiP, que mencionan una declaración global de 400 millones de euros que afecta a 20 000 contribuyentes durante el mismo periodo.
Plusvalías de los activos digitales en función de la antigüedad
A raíz de esta constatación, se han reforzado progresivamente las obligaciones de declaración de los titulares de criptomonedas y de los proveedores de servicios de criptomonedas (PSAN). Sin embargo, aún quedarían algunas lagunas por subsanar, según algunos puntos de este informe destacados por Henri Gauthier en la red X.
Algunas pistas para mejorar el control de sus titulares
El primer punto destacado en este informe se refiere a la entrada en vigor de la Directiva «DAC 8», prevista para 2026. Se trata de un texto que obliga a los PSAN europeos a comunicar determinada información relativa a las transacciones realizadas a través de ellos a las autoridades fiscales del Estado miembro del que dependen.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas indica que este requisito «no se aplicará a los PSAN alojados en Francia». Por lo tanto, según este, sería necesario remediar esta situación armonizando las obligaciones de los PSAN franceses en este ámbito con las de sus homólogos europeos.
El informe señala asimismo lo que denomina «puntos ciegos» normativos, en particular debido a la ausencia total de respuesta a las solicitudes de la administración tributaria por parte de determinados PSAN extraeuropeos con sede en Singapur o Hong Kong.
Al mismo tiempo, el Tribunal de Cuentas señala muy claramente la falta de medios de que disponen los servicios fiscales franceses para llevar a cabo estos controles, que están en manos de «unos pocos expertos». Y con razón, «los activos digitales aún no constituyen, propiamente dicho, un eje de la inspección fiscal».
En el programa: declaración de carteras autoalojadas y vigilancia en las redes sociales
La principal recomendación que se formula en este informe implica el establecimiento de una «obligación de notificar a la administración tributaria la tenencia de carteras de criptoactivos autoalojadas a partir de un umbral definido en valor».
Un procedimiento que, según Henri Gauthier, podría implicar la indicación de las direcciones correspondientes en la declaración Cerfa.
Por último, el Tribunal de Cuentas señala que la Dirección de Investigaciones Fiscales estaría llevando a cabo «una prueba piloto que le permita utilizar datos no públicos procedentes de las redes sociales para detectar transacciones de activos digitales que no hayan sido declaradas».
Una mayor vigilancia que plantea numerosos problemas, especialmente en términos de seguridad para los titulares de criptomonedas, actualmente expuestos a un aumento de los secuestros con petición de rescate. De hecho, sus datos personales podrían caer en manos equivocadas, ya sea a causa de un hackeo o de la complicidad de ciertos miembros de la administración, como ha sido el caso recientemente.
